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El Gobierno Nacional convocó a reunirse al Consejo del Salario el 22 de agosto.

por JULIO ALBORNOZ

Se busca acordar un nuevo piso salarial para paliar la grave situación social generada por la inflación injustificada que vive el país y afecta principalmente a los sectores de menores recursos y a la empobrecida clase media.

(FOTO SUPERIOR – CLAUDIO MORINI, Ministro de Trabajo)

 

Se había confirmado hace tan solo unos días, que el gobierno del presidente Alberto Fernández había convocado para el próximo 18 de agosto al Consejo del Salario, de manera que defina el nuevo piso salarial, que a la vez actualizará el seguro por desempleo y el resto de los programas sociales.

Ahora, a pedido de la cúpula de la CGT -que discute la posibilidad de una suma fija además de la actualización del salario mínimo, cuestión a la que algunos sindicalistas inexplicablemente (más allá de la excusa del achatamiento de la escala) se oponen- junto a las autoridades de la UIA, el ejecutivo pasó la convocatoria para el lunes 22 del mismo mes. La excusa fue que el presidente de la UIA (el lobbista Funes de la Rioja) estaba en el exterior.

“Vamos a convocar a entidades empresarias y de trabajadores a los efectos de asegurar un mecanismo que permita recuperar los ingresos de los trabajadores del sector privado, lo que incluye la mejora de las asignaciones familiares”, señaló la semana pasada Massa en su primera conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda.

Al respecto, el funcionario adelantó que “los salarios entre 50.000 y 150.000 pesos son los que se ven más perjudicados, allí vamos a enfocar el estudio de la modificación de las asignaciones familiares”.

Una semana después de ese encuentro, se realizará la sesión plenaria del Consejo del Salario que, en esta ocasión, será virtual y tendrá un primer llamado a las 12 y otro a las 13.30, por lo que se espera que comience pasado el mediodía la reunión que nuclea al Estado nacional, los empresarios y las centrales obreras.

En el orden del día, el punto central a consensuar por el Consejo será una revisión del nuevo valor del salario mínimo, vital y móvil y cuáles serán los plazos en los que se darán esos incrementos.

En la última reunión del Consejo, realizada el 16 de marzo de este año, se había resuelto un aumento del 45%, pagadero en cuatro tramos. Ante la situación inflacionaria, en el mes de mayo, se había acordado adelantar uno de esos tramos para poder llegar antes a un ingreso mínimo de $45.540. Hoy, ese ingreso se encuentra en $47.850 para los trabajadores que cobran mensualmente, mientras que $239,90 es el valor de la hora para aquellos trabajadores que se encuentran jornalizados.

Con esto, los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo habían quedado fijados en $13.292 y $22.153 respectivamente.

Es preciso saber que el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil es un ente presidido por el Ministerio de Trabajo, quien a su vez convoca a 32 miembros: 16 de ellos representan a los trabajadores (sindicatos) y los otros 16 lo hacen con los empresarios (representantes de las cámaras).

Ante este anuncio, la semana próxima será el momento del primer encuentro entre sindicalistas, empresarios y el gobierno, donde se buscará acordar según trascendidos, una suma fija que compense a los trabajadores por los desfasajes inflacionarios que claramente favorecieron a las empresas.

Como medida de presión, el 17 de agosto, la CGT convocó a una movilización gremial en reclamo por la inflación. Más de 80 gremios del Frente Sindical adhieren a la convocatoria. Esperemos que los oídos de funcionarios y empresarios estén abiertos a los reclamos de los que hasta el momento pagaron la cuenta de las crisis, tanto la de la deuda del macrismo con el FMI, como la de la pandemia. Y todo además abonando también en muchos casos, las ganancias extraordinarias de las empresas: tanto las que utilizan insumos que se exportan, teniendo el pueblo que pagar precios internacionales por bienes fabricados en pesos; como muchos que viven del mercado interno, como los textiles u otros, que quieren resarcirse de la pandemia a través de aumentos desmedidos e injustificados (más allá de “relatos” u “operaciones” que tratan de tapar el sol con las manos), que generan ganancias obscenas en cualquier otro país de esos que tanto admiran y dicen que querrían imitar. Eso sí, justifican que con sueldos latinoamericanos paguemos servicios y bienes con precio europeo. Y ese es un sapo que espero que el Gobierno no quiera que nos traguemos.

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