Las corporaciones que gobiernan Perú se cobraron otra víctima: metieron preso a Castillo luego de destituirlo.

Pedro Castillo, hace dos años, era un ignoto maestro rural, militante sindical, al que nadie conocía en Perú, salvo unos pocos seguidores del interior del país y absolutamente nada en Lima, el centro del poder… un hombre de izquierda, sencillo, austero, que decía iba a transformar al país de raíz desde Chota, en la remota zona de cuestionamientos, el lugar donde vivió durante toda su vida adulta.
Vladimir Cerrón, presidente de Perú Libre, un político tradicional de la izquierda peruana, vio luz, entró, y construyó la imagen y pulió el discurso de Castillo, haciéndole en poco tiempo, un líder sindical que desafió (y le ganó) a una derecha que lleva décadas al poder, con o sin urnas de por medio. Una vez ganador, las fuerzas conservadoras de Perú, comenzaron apenas asumido a minar su credibilidad ante sus votantes y noticias dirigidas, fakes, y una permanente ridiculización de su persona. Eso fue motivando que a poco de asumir, comenzaran a aparecer muchas acusaciones con pocos o ningún fundamento, cuestiones que de inmediato, apenas llegaban rodeadas de amarillismo explícito en el Congreso, hacía que de inmediato este buscara juzgar al presidente por medio de un voto de censura de sus miembros. Es más, al momento de ganar las elecciones a Keiko Fujimopri (la hija del ex presidente), el mismo Congreso tardó un mes en declararlo “presidente”.
Una vez en el poder, como dijimos, Castillo aplicó una política errática, alternando piezas de discurso llenas de osadía y cambio revolucionario, mientras en lo formal, cometió siempre el error de buscar “dialogar” con una dirigencia opositora, oligárquica, racista y clasista, de la que formaban parte muchas de las empresas locales y foráneas que, bajo tutela norteamericana manejaban a su antojo al país. Así, su propuesta de campaña de llamar a una Constituyente para que redacte una nueva Constitución, fue vista como una amenaza al mantenimiento de modelo impuesto, motivo por el que desde el día cero de su mandato fue resistido y combatido por la oposición, que a su vez comenzaba una campaña de temor hacia adentro del oficialismo en búsqueda de debilitarlo cuanto antes.
En tan solo dos meses, Castillo debió superar una moción de censura del Congreso. Además, comenzó una sangría en su gabinete, con activa participación mediática y de políticos y jueces vinculados con la oposición que hizo renunciar al ministro de Interior, al de Defensa, a realizar cambios en las cúpulas militares, al de Educación (echado por el propio Congreso), al de Relaciones Exteriores y en seis meses hasta el Premier en dos ocasiones. A medida que Castillo negociaba treguas, la acción de la oposición y su reflejo jurídico-mediático se hacía cada vez más crítico hacia el gobierno. Además, mellaba las promesas de campaña de Castillo al “negociar” el alcance de las medidas propuestas, haciendo que a la vez de que la acción periodística hacía bajar su imagen en el electorado “independiente no cautivo por ningún partido”, además de que también decrecía su imagen ante su propio rebaño. La suba del dólar, la incipiente inflación, el aumento en los combustibles y las protestas campesinas contra las mineras no ayudaron en medio del difícil clima político. Menos aún la pandemia (al igual que en Argentina, la firma de un acuerdo para la provisión de la vacuna rusa Sputnik, genero críticas y fakes news criticando la medida, en un calco de lo sucedido en Argentina) y la crisis generada por la guerra Ruso-Ucraniana, hechos que hacían más grave la acción del gobierno.
Mientras, se seguía día tras día poniendo en duda la idoneidad de Castillo y de todo su gabinete, que sufría cambios permanentes y generaba nuevas concesiones con objetivos cortoplacistas y sin nada de valor “real” a cambio. Y a la par, la imagen de Castillo caía cada vez más. Solo había pasado un año de gobierno.
Cuando Castillo quiso reaccionar, ya era tarde (algo así paso en nuestro país también). Había perdido a los independientes y a su principal sostén político: Vladimir Cerrón, presidente de Perú Libre, jefe del el partido bajo el que Castillo se presentó a las elecciones.
La ofensiva opositora ya no se contentaba con sus ministros y los proyectiles iban directamente a Castillo: se lo acusaba de inhabilidad moral, de actos de corrupción con escasas pruebas pero con gran propaganda mediática, hasta de haber plagiado en la presentación de su tesis universitaria y de presiones para el nombramiento de personal policial y militar. Comenzaba a verse acorralado, por lo cual, un tanto perdido, quiso dar un manotazo desesperado y apostó a lograr el desconcierto en las filas opositoras, anunciando los primeros días de diciembre la disolución del Congreso y la formación por decreto de un Gobierno de excepción, que regiría hasta que, rápido llamado a elecciones, se conformaría un nuevo Congreso y se buscaría escribir una nueva Constitución. Era más que un plan de acción política, una huída hacia adelante de un presidente al que se le escurría el poder entre los dedos.
En horas, todo había terminado antes de empezar: el rechazo fue generalizado en todas las fuerzas políticas. Vladimir Cerrón, presidente de Perú Libre, aseguró que no apoyaría “el golpe de Estado en marcha”. El ex presidente Ollanta Humala también hizo público su rechazo a través de sus redes sociales y calificó a Castillo de dictador. “Las Fuerzas Armadas le deben honor y lealtad a la patria y no a un dictador. Eso eres hoy, Pedro Castillo”, aseguró. La líder opositora Keiko Fujimori pidió al Congreso la destitución del presidente y a las Fuerzas Armadas que “respalden el orden constitucional”. El golpe de gracia lo dió el convidado de piedra, Estados Unidos, a través de su embajadora en Lima, que “instó enfáticamente” (¿desde cuándo una embajadora puede “instar” a un presidente de un país soberano? ¿Se imaginan a Alberto Fernández, Lula Da Silva o a López Obrador a “instar” a Biden a cesar de enviar armas a Ucrania, o de mandar mercenarios a Medio Oriente?

De inmediato, no solo la oposición, sino que también parte de sus propios seguidores, rechazaron la medida a la que catalogaron de “golpe de Estado”. Así, en pocas horas, derrotado, el aún presidente Castillo se entregó en un local de la Prefectura, donde se lo retrató apesadumbrado, so a pesar de decir que con este hacho buscaba reordenar a todo el sistema judicial al depurarlo, ponía como medida de cambio su compromiso con el mantenimiento del ”modelo económico”… eso no se toca.
Su vicepresidenta asumió el cargo, y se verá como juega sus fichas. Podría decirse que Castillo ya es parte de la cuantiosa colección de presidentes renunciantes del Perú… del pasado. Tan solo pasaron diecinueve meses de su entronización en la casa de Gobierno del Perú.
Así, en horas, su hasta entonces vice presidenta, Dina Boluarte, aceptó el cargo de Castillo y se transformó en la primera mujer presidenta del país.
Lo curioso de todo este tema, más allá de la pérdida de la ilusión que había suscitado la asunción de Castillo, es que si borramos los nombres de Castillo y su Gabinete, además del de los opositores y periodistas, la historia relatada se podrá adaptar a la Argentina, Eciuador, Paraguay, Bolivia, Uruguay o Brasil. Toda América Latina está inmersa en esa gran ola de fakes, injurias y complicidades mediático-judiciales, todas cuestiones reñidas con las leyes y valores que afirman proteger.