En línea con las pretensiones de institucionalidad controlada por los Estados Unidos, que interfieren sin disimularlo en la formación y posterior sumisión de la justicia en todos los pa{ises latinoamericanos que lo permiten, La Corte Suprema de Justicia acotrrala al ejecutivo y al legislativo con la finalidad de actuar como gendarme de los intereses del círculo rojo, politizando la justicia y pateando la constitución a la que jura servir. Con la medida de controlar el Consejo de la Magistratura impone una dictadura judicial en el nombramiento y remoción de los jueces que controlará sin rendirle cuentas a nadie. Todo, a espaldas del pueblo argentino que no incide para nada en su nombramiento y posterior control. A tono con Brasil, Paraguay, Ecuador o Perú… incluso repitiendo la manera en que colaboró con el espionaje macrista, los supremos nos podrán imponer no solo jueces, sino también leyes y hasta presidentes, abrazados al discurso de la antipolítica y codo a codo con los medios que, como ellos, responden al mismo poder… que obviamente no está en la Casa Rosada.
La Corte Suprema se prepara para tomar por asalto el Consejo de la Magistratura.
Vencido el plazo que la propia Corte le impuso al Poder Legislativo para reformar la ley que regula el Consejo de la Magistratura, el presidente del máximo tribunal (que llegó a su cargo con su prpio voto, buscará asumir la titularidad del órgano que regula la designación y remoción de jueces, además de la propia “caja” del Poder Judicial.
En el ejecutivo nacional se trató el tema con cierta “liviandad”, y tan solo el Ministro de Justicia advirtió la gravedad del hecho y las consecuencias que puede traer al país. Tan solo sectores del kirchnerismo, con Cristina Kirchner a la cabeza, se ocuparon del asunto con palabras que reflejan el cachetazo a la democracia que este hecho representa para la Argentina, incluso de su imagen hacia el resto del mundo. Al respecto, a través de twitter, la vicepresidenta alertó anoche sobre la inminente “toma por asalto” de este órgano judicial clave por parte del juez de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. “La casta de la que nadie habla”, cerró su tuit Fernández de Kirchner en el que denunció la poca repercusión mediática que está teniendo el tema; el mensaje de la vicepresidenta retomó un tuit del periodista Matías Mowszet, que alertó sobre el movimiento del juez de la Corte. Recién ayer, los periodistas militantes, Joaquín Morales Solá y Daniel Santoro adelantaron que “en el primer minuto hábil de mañana (por hoy), el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, se convertirá automáticamente en titular del Consejo de la Magistratura”.
Ante cualquier consulta sobre este hecho, los parlamentarios del Frente de Todos apenas afirman que “hay que esperar”, ya que “todo depende de la movida que haga Rosati y la Corte mañana”. Todo un símbolo de la falta de iniciativas y la parálisis política del oficialismo.
Para entender la gravedad del asunto, hay que saber que esta movida de la Corte Suprema representa el principio del fin del asalto institucional que pretende. Veamos la cronología y consecuencias de sus accionaes:
- Dos de los cuatro miembros que hoy conforman la Corte Suprema (ya de por sí un número sumamente insuficiente e irregular) no solo aceptaron asumir sus cargos por decreto durante el macrismo, algo que ya los define en cuanto a su apego a la Constitución que juran defender.
- Desde la asunción del Frente de Todos a la presidencia, no han cesado de interferir con el Poder Legislativo, “legislando” de hecho, anulando y forzando las leyes, atributo que la Constitución solo le confiere a los legisladores electos por el voto popular para representarlos en el Congreso de la Nación.
- Por primera vez desde la restauración democrática luego de la noche del Proceso, la Corte Suprema deroga una ley (la Ley 26.080, que regula la integración y funcionamiento del Consejo) que funcionó durante 16 años de la forma que hoy declara inconstitucional, asunto para el que se tomó seis años y que hoy “impone” a otro poder (el Legislativo) la obligatoriedad de hacer una nueva en tan solo seis meses (casi dos de estos en receso legislativo), sabiendo perfectamente el problema que reepresenta para esto la actual composición de las cámaras legislativas. O sea, legisla de hecho y genera un claro conflicto de poderes, algo a lo que ya se acostumbró desde la asunción de Alberto Fernández.
- La oposición que se define “republicana” acepta (y festeja) que el Poder Judicial avasalle la función reservada para el Legislativo, detonando la división de poderes, piedra basal de la mismísima Constitución Nacional y, con ella, la institucionalidad de la República Argentina que dicen representar.
- Para empeorar el panorama, la medida de Rosati y la Corte tiene implicancias internacionales para el país. Hay en la Corte Interamericana de Derechos Humanos una causa contra el Estado Argentino (obviamente por un fallo de la Corte) del juez Guillermo Tiscornia, por su remoción en 2007, donde alega que el presidente de la Corte es juez y parte por conformar tanto la propia Corte Suprema como el órgano que remueve los jueces (el Consejo de la Magistratura), o sea, lo que hoy vuelven a forzar al declarar inconstitucional la ley. Tiscornia pide una indemnización por el dinero perdido, y lucha hasta hoy para que le devuelvan su lugar. Luego de agotar todas las instancias en el país, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hoy, cualquier juez removido podría hacer lo mismo y el que paga es el pueblo argentino. Fue por ello que en 2006, Néstor Kirchner introdujo una reforma significativa, llevando la representación multisectorial del Consejo de los veinte miembros de entonces a los trece a los que hoy Rosati quiere presidir. Y el principio fue una denuncia del desprestigiado, sectario y siempre listo para la defensa de los intereses corporativos Colegio de Abogados de Buenos Aires buscando que la reforma se declare inconstitucional.
- La misma Corte admite que los casi dieciseis años que el poder judicial demoró en fallar sobre el planteo de inconstitucionalidad, cuando en realidad se trataba de un planteo puntual, es excesivo. La realidad es que lo que ciertamente marca, es la clara especulación política tras la decisión y que es una clara intromisión sobre asuntos que no le competen.
- Todo el asunto muestra a las claras la necesidad de una reforma profunda de la Corte y su funcionamiento, además de la necesidad de un tribunal que se encargue exclusivamente de la “constitucionalidad” de las leyes, decretos y normas que regulan la vida del país, esto último para que el poder real no pueda echar mano a la herramienta que le permite en muchos casos (casi todos) acatar las normas promovidas por el Estado y eludir la acción de los jueces, actuando así a su antojo y generando un vacio del poder estatal (brindado por la propia Constitución) a su alrededor. Un verdadero “viva la pepa”.
- La barrera que la oposición baja para cerrar el paso a cualquier reforma que mejore el (mal) funcionamiento del Poder Judicial (en especial de la Corte, el Consejo y la Justicia Federal), no es más que el “blanqueo” de su sumisión al poder “real” de las corporaciones que lo detentan y a las que no le interesan ni los ciudadanos ni las instituciones de la Constitución. Solo sus intereses corporativos y la defensa de su posición de predominio social absoluto.
Como síntesis, queda la certeza del desanimo de los ciudadanos y en especial de los votantes del Frente de Todos. Y en el caso de estos últimos, la confusión que genera la falta de movilización, que no es otra cosa que el bien más preciado de un gobierno que se define “popular”. No es posible para el presidente desconocer que la adhesión a sus políticas por parte de ese pueblo, junto a su capacidad de imponerlas a través de la movilización en defensa del interés general, es el único camino para modificar la realidad diaria y poner freno al apetito desmedido de las corporaciones y sus “empleados”.
La pérdida ciudadana del sentido de pertenencia al espacio popular, su confusión generada por las corporaciones mediáticas que les venden las bondades de la “despolitización” del país (y con ello la desregulación que no les imponga límite alguno), tan solo permitirán el regreso de una derecha que ya nos arruinó en solo cuatro años y que todo indica (ellos mismos lo afirman) que su retorno sería aún mucho peor. El propio Macri afirmó que si volviese al poder haría “lo mismo, pero más rápido”. Sin palabras.
Hoy, esta muy claro que no haber encarado la lucha para reformar el Poder Judicial no solo fue un grave error, sino que fue además una muestra de debilidad que la oposición de derecha no dejó de aprovechar hasta hoy. Los días pasan, los tiempos se acortan y 2023 está a la vuelta de la esquina. Volvieron los Macri, los Cavallo, los Aranguren, los Vidal, los Dietrich, los Prat Gay… y opinan como si no fueran responsables principales del peor gobierno que existió en nuestro país. El aparato de espionaje y engaño montado a través del tandem mediático, judicial y empresario, sigue intacto (como lo demuestra hoy el Larreta-Gate) . Si el gobierno no se pone pantalones largos ya, la catástrofe será inevitable. Vienen por todo, 2016 tan solo fue un aprendizaje… un globo de ensayo.