Llorens, Bruglia y Bertuzzi, los mismos jueces que avalaron la absurda idea del “cuentapropismo” del espionaje macrista, vuelven a la carga, ahora en un nuevo mamarracho con forma de fallo, en el que tratan de reflotar la “teoría de los dos demonios”, declarando un delito que la jueza Servini de Cubría había descartado por prescripto, como “de lesa humanidad”. Con esto, ponen en pie de igualdad el accionar de la lucha armada con el genocidio de la última dictadura, un viejo anhelo de la derecha autóctona (en la que parece que militan) para borrarnos la historia y reescribirla como siempre lo hicieron: a través de su mirada sesgada, sectorial y mentirosa.
Que la justicia argentina esta en un estado lamentable si nos referimos a su funcionamiento, no descubriría nada… que muchos jueces y fiscales que la integran no podrían tener sus cargos en todos esos países a los que festejan en las recepciones de sus embajadas, tampoco… que el Poder Judicial trabaja para la derecha que comanda el círculo rojo, cae de maduro…
Pero hoy ya se observan cuestiones en las que ni guardan las formas de antaño y no les importa ir a cara descubierta por todo. Y cuando digo todo no solo me refiero al poder político, al económico… no. Me refiero a los derechos que fuimos ganando por medio de una lucha de décadas y, en especial en esta nota, al respeto y compromiso que debería tener un juez o un fiscal por los derechos humanos, derechos que nos costaron 30000 almas que dejaron sus vidas para que nosotros disfrutemos del empoderamiento y la protección de esos derechos resumidos en la famosa carta de la ONU redactada en París, en 1948. Y que esas muertes, esos secuestros, esas torturas, sean recordadas generación tras generación para asegurarnos que NUNCA MÁS vuelva a suceder algo ni remotamente parecido a ese régimen criminal y delictivo que fue el llamado Proceso de Reorganización Nacional, que robó, secuestró y mato a los habitantes del país que se opusieran al plan pergeñado dentro de elegantes salones en la UIA o la Rural, siguiendo los mandatos de la embajada de EE.UU, que entonces imponía sus doctrinas a los que habitábamos lo que para ellos era su “patio trasero” y para nosotros es nuestra Patria Grande: Latinoamérica.
Dicho esto, este mes hubo un nuevo “tanteo” a nuestra sociedad… a su reacción ante el hecho, en la búsqueda de borrar la memoria de lo sucedido en esta nefasta etapa de nuestra historia.
Y hablo de tanteos porque ya habido otros, como ese con el que hasta no hace mucho (2017, en el Gobierno de Macri) trataron de otorgar el 2×1 a los genocidas condenados y, ante la multitudinaria reacción de rechazo de la mayoría de la sociedad, la misma Corte Suprema que lo quiso instalar debió dar marcha atrás. O la patética pantomima judicial que le permitió a Blaquier zafar de una condena segura ante la avalancha de pruebas y testimonios en su contra.
Ahora, hace tan solo unos días, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones, integrada por Bertuzzi, Llorens y Bruglia, volvió a la carga en la búsqueda del olvido de la historia represora del Proceso. Esos tres jueces fueron nombrados en ese lugar por Mauricio Macri, quien, en los días de esplendor del PRO, buscaba “sanear” (y lo hizo) la incómoda Sala I, ya que no “respetaba” sus deseos. Eran días de macrismo explícito, en los que Macri no precisaba más de las mentiras con las que había llegado a la Rosada, y que en medio de su discurso en la Bolsa de Comercio (un 1 de junio de ese 2017 en el que parecía eterno) afirmaba sin sonrojarse que “… los jueces tienen que saber que buscamos la verdad o buscaremos otros jueces que nos representen”. Y a contramano de lo que muchos pensaron, la frase no fue el fruto de las habituales burradas del ex presidente, sino que resultó un anticipo de lo que se venía.
Ya habían corrido a Eduardo Freiler “reflotando” una causa ya juzgada antes y en la que había sido sobreseído, cosa que finalmente, en 2020, hizo que fuera desestimada la denuncia, que ya había de todos modos cumplido en su momento el objetivo buscado: correrlo de la Sala I. Lo mismo hicieron con Jorge Ballestero, a quien hicieron “renunciar” luego que el entonces juez había decido la excarcelación de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, por lo que fue amenazado con la presentación de una denuncia similar a la de Freiler. Lo mismo le pasó a Farah, quien explicó que había pedido irse de la Cámara Federal durante el gobierno de Macri, porque era presionado y amenazado después de haber revocado (junto a Ballestero) la prisión preventiva de López y De Sousa, dueños del Grupo Indalo, en la causa conocida como “Oil Combustibles”. La decisión judicial de esta cámara en aquel entonces había merecido una célebre frase del expresidente: “no era lo acordado”. Otra muestra más de la “independencia” judicial que pregona el republicano macrismo. Pero claro, esta Sala I le ponía freno a las boludeces que les traían el raudal de denuncias y causas absurdamente instruidas por Bonadío y Ercolini.
JORGE BALLESTERO – EDUARDO FREILER – EDUARDO FARAH. LA VIEJA SALA I QUE NO “ACATABA LO ACORDADO” AL DECIR DE MAURICIO MACRI. Y POR ELLO, SIMPLEMENTE LA “LIMPIARON”.
¿Y Con quiénes ocuparon esas butacas? Con Bruglia y Bertuzzi, premiados por sus desempeños en otras causas de interés de la Embajada. ¿Cómo? Por decreto, sin concurso alguno, como suele hacer Macri, tal como intentó hacer con Rosenkrantz y Rosatti en la Corte Suprema.
Y la completaron con Mariano Llorens, un juez sanisidrense de la escuela de Alberto Piotti, que se hizo famoso ante la opinión pública por ser uno de los que se reunía con Macri en Olivos y la Casa Rosada en coincidencia con fallos que involucraban a exfuncionarios kirchneristas.
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Explicado esto, vayamos a la actualidad…
El asunto es que la Sala I, que conforman estos tres jueces, pero por decisión de Bruglia y Bertuzzi (que conforman la “mayoría automática macrista” de la Sala) decidió mantener abierta la causa que investiga un atentado cometido por la organización Montoneros en julio de 1976, un hecho que prescribió por la cantidad de tiempo que pasó. Y lo hizo luego de sonarse la nariz con la infinidad de jurisprudencia contraria a la idea de poner a un genocidio perpetrado desde el corazón del Estado, en el mismo plano que el brazo armado de una agrupación de militantes políticos que tomaron las armas contra un gobierno ilegítimo, una manera desesperada de tratar de reflotar la teoría de “los dos demonios”, algo que ya fue descartado por la justicia en múltiples ocasiones pero que, cada tanto, jueces afiliados a las fuerzas de derecha tratan de imponer a la opinión pública. Un debate absurdo ya superado por el tiempo y la historia. Un reciente libro del periodista Ceferino Reato, quien entrevistó y documentó un reportaje a Jorge Rafael Videla poco antes de su muerte, alentó esa misma hipótesis. Por ello, resuenan las palabras del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS): “Las resoluciones del poder judicial no ocurren en el vacío ni son inocuas”, advirtió ante el fallo en medio de un contexto de crecimiento de sectores políticos de ultraderecha que reivindican la última dictadura cívico-militar.
Así, los padres putativos de indigerible teoría del “cuentapropismo” en la causa del espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri & Cía., al admitir que el caso podría ser un delito de lesa humanidad, no conformes con este perimido argumento, también buscan instalar otra idea al afirmar que se trata de un delito “de guerra”, idea que también ya fue descartada múltiples veces, pues en Argentina jamás existió dicha “guerra”. “La acción de Montoneros podría haber sido investigada en su momento por la justicia penal. Eso no fue así porque el Estado, en lugar de este camino, eligió un método clandestino de represión y exterminio, cuyas consecuencias todos conocemos”, sostuvo el CELS. Y así fue: el Proceso no recurrió a la justicia sino que eligió la represión, el secuestro, el retiro de los derechos más básicos, la desaparición, la tortura y la muerte. Nunca se puede hablar de falta de justicia cuando desde su origen nunca buscó ese camino. Y lo que hacen estos dos jueces tiene una enorme carga ideológica, ya que según el Tratado de Roma, un delito de lesa humanidad es aquel “especialmente atroz y de carácter inhumano, que forma parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, cometido para aplicar las políticas de un Estado o una organización”. Y en Julio de 1976, Montoneros no tenía ninguna vinculación con el aparato estatal. Sin embargo, los pretensos querellantes que buscan reabrir la causa invocaron la posibilidad de que la guerrilla tuviera “apoyo, cuanto menos, de tres Estados extranjeros y organizaciones terroristas islámicas”.
Entonces, el cuestionado tribunal sostuvo que la jueza federal María Servini, quien en noviembre pasado había rechazado la reapertura de la causa, debe investigar esa hipótesis, sugerida por Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, la Asociación Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica y Eduardo Emilio Kalinec y Alicia de León “por su hijo Ernesto Osvaldo Matienzo en su condición de víctimas directas”. Matienzo fue una de las 24 víctimas mortales de aquel ataque de Montoneros.
El fallo de Bruglia, Bertuzzi y Llorens coloca como responsables a Mario Firmenich, Marcelo Kurlat, Horacio Verbitsky, Laura Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Norberto A. Habegger y Lila Victoria Pastoriza; entre otras personas que “integraran la Organización Montoneros”.
El CELS por su parte, dice en su comunicado que “los hechos ocurridos en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal fueron declarados prescriptos y esa decisión está firme. En tanto los jueces ignoran este argumento, lo que hacen es reinstalar la idea de que las muertes provocadas por las organizaciones de la época son equiparables a delitos de lesa humanidad. Aunque jurídicamente esta discusión esté saldada en la Argentina, cada cierto tiempo aparecen estas decisiones judiciales que reabren la cuestión y producen lo que está pasando ahora mismo: una ola de discursos que equiparan a las organizaciones de militantes con la violencia de Estado más cruenta del siglo XX, ola que, además, nutre los discursos que justifican el endurecimiento estatal contemporáneo”.
Ahora Servini deberá, por orden de la Cámara, “determinar si la organización Montoneros efectivamente tuvo apoyo, cuanto menos, de tres Estados extranjeros y organizaciones terroristas islámicas”. Y equipara a Montoneros con el Proceso cuando dice que “esto, en cuanto a la eventual calificación de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, con los nuevos elementos propuestos; o un posible caso de grave violación a los derechos humanos”.
En 2011, la Cámara Nacional de Casación Penal ratificó que los crímenes que se le atribuyan a organizaciones armadas en tiempos de la dictadura no son delitos de lesa humanidad y por ello se los declara prescriptos. A raíz de este mismo fallo, la jueza Servini había rechazado un planteo de reapertura de la investigación del atentado, al darlo por prescripto en virtud de que el delito no se consideró de lesa humanidad.
También el 10 de julio de 2012, la Corte Suprema de Justicia rechazó por “inadmisible” un recurso extraordinario contra un fallo que sobreseyó por prescripción a siete acusados.
Pero para los inventores del cuentapropismo de la SIDE y sus amigos (varios del poder judicial) nada de esto importa… solo buscan instalar la discusión de su repetida idea por parte de todo aquel que se relacione con el poder de la derecha conservadora argentina.
Continuará…