La Ley de Urgente Consideración (LUC), que cuenta con casi 500 artículos que reforman cerca de 60 leyes, es promovida por la coalición gobernante de ultraderecha y tiene un fuerte sesgo punitivista. Ataca el derecho a huelga, promueve los desalojos, alienta a los especuladores y lavadores y favorece la expansión del negocio forestal, entre otras cosas.
La Ley de Urgente Consideracón (LUC), que cuenta con casi 500 artículos que reforman cerca de 60 leyes, es promovida por la coalición gobernante de ultraderecha al mando del presidente Lacalle Pou, y tiene un fuerte sesgo punitivista, buscando consagrar una serie de importantes reformas de corte neoliberal.
Resistida por el frente amplio, los uruguayos deberán elegir por si o no este miércoles 27 de marzo, luego de una campaña donde se observò claramente el favor de los medios dominantes por las reformas propuestas por los neoliberales, hoy en el gobierno. A pesar de ello, la resistencia del FA deja viva la esperanza del rechazo social a esta norma que recorta derechos, obviamente a los trabajadores y habitantes de menores recursos en general.
En resumen, la ley promueve la limitación del derecho a huelga, judicializando las marchas o cortes a la vez que permite a las patronales contratar “rompehuelgas” para empujar a los trabajadores a no realizar medidas de lucha.
También busca endurecer los desalojos mediante el cambio de la actual normativa por normas mucho más laxas, lo que lograría que en tan solo días el propietario pueda desalojar, e incluso si el inquilino consigue abonar lo adeudado, deberá hacerlo pagando un 60% de castigo, algo a todas luces confiscatorio para quien sufre por pagar un alquiler cuando el ingreso no le alcanza. También podrán desalojarse embarazadas, madres con menores, ancianos o discapacitados de manera express.
Otro de los cambios es la “carta blanca” a los retiros de dinero en dòlares, lo que alienta la timba financiera y consolida la idea de paraíso fiscal que tiene Uruguay. También refuerza el signo punitivista del gobierno al crear la figura de “agravio a la autoridad policiaL”,
También permite la libre importación de combustibles y el uso de infraestructura de Antel por parte de privados, debilitando la posición de las empresas del estado a favor del capital privado, casi sin costo alguno.
Además, mostrando su costado punitivista, permitirá que el personal policial en situación de retiro tenga derecho al porte de armas, y podrá intervenir para reprimir un delito flagrante, con las mismas facultades legales del personal en actividad. Tambièn aumenta las penas para el narcomenudeo, a sabiendas que es una norma que solo afecta a las capas de menores recursos que apelan a esta actividad ilegal muchas veces por falta de ocupaciones legales. Afloja también las normas que promueven el control policial, lo que alienta los abusos de las fuerzas represivas. Afecta también a los jóvenes, aumentando penas y creando figuras legales que permitirán las detenciones por “portación de rostro”.
Finalmente, favorece al lobby forestal y crea una comisión que “estudiará” una posible reeforma jubilatoria que nadie espera que favorezca ni a los actuales ni a los futuros jubilados.
En el momento en que esto se trató en el Congreso, antes que el Frente Amplio consiguiera màs de 750.000 firmas para forzar el referendum, la legisladora Amanda Della Ventura advirtió: “Queremos dejar una constancia. La historia juzgará a quienes enviaron los artículos más dolorosos de esta ley de urgente consideración”. Por su parte, el senador Mario Bergara afirmó que es “negativo en todas las áreas”. A su turno, José Carlos Mahía dijo que no se van a generar “mejores condiciones de seguridad, sino más personas presas a partir de normas que se endurecen”.
Esperemos que los que habitan el país hermano no permitan la sanción final de esta ley, algo que los alejará de la idea de país democrático que camina junto a nosotros, en esta Patria Grande Latinoamericana que la derecha busca borrar de nuestra memoria.