La justicia federal finalmente terminó con las especulaciones y rechazó el amparo presentado por la Sociedad Rural de Río Cuarto solicitando la declaración de inconstitucionalidad e ilegitimidad del cobro de derechos de exportación a los productos agropecuarios.
La SRA de esa localidad cordobesa, consideraba que desde el 1° de enero de este año, las retenciones no se podían aplicar porque no se había extendido la ley de emergencia económica de 2019, desde el momento que el Congreso de la Nación no había aprobado el presupuesto 2022.
Pero el fallo consideró que en el caso presentado no se encontraron los requisitos para tramitarlo como proceso colectivo, ya que la Sociedad Rural de Río Cuarto no tiene la legitimación para sustentar el reclamo judicial.
Todo había surgido cuando el ejecutivo nacional dispuso el aumento de los derechos de exportación para la harina y el aceite de soja, en el marco del incremento de precios internacionales derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania.