En la audiencia pública, el Gobierno propuso aumentar 20% la factura de gas en promedio a los usuarios sin tarifa social. Quienes la tengan, no recibirán aumento alguno. La urgencia en cumplir con el FMI y bajar los subsidios energéticos junto a los derivados al transporte, son prioridad para Guzmán, quien defiende las medidas que vayan en ese sentido, a pesar de las rispideces que genera dentro de la coalición de gobierno.
La Secretaría de Energía de la Nación llevó una propuesta en su participación en las audiencias públicas que se celebran para definir nuevos aumentos en la luz y el gas, que contempla, en líneas generales, un aumento promedio del 20% en el servicio de gas natural para los usuarios que no estén cubiertos por la tarifa social.
Dicha audiencia, que no es vinculante sino tan solo de carácter informativo, representa el primer paso necesario para que la Secretaría de Energía disponga los esquemas tarifarios que regirán a partir de junio. Como presidenta de la misma, la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla, fue quien represento a la secretaría en la comunicación de la propuesta de aumento.
En dicha propuesta, Videla se hizo eco de las palabras que poco tiempo atrás (en la Asamblea Legislativa para ser exactos) emitió el presidente Alberto Fernández acerca de la necesidad de un “reajuste anual total en sus facturas”.
Y yendo al grano en la explicación formal del incremento, dijo que como el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) fue en 2021 del 53,4%, esos ajustes para todo el año deberían ser del 21,3% y del 42,7%. Debido a esto, afirmó que “no correspondería hacer ninguna corrección” en el caso de los beneficiarios de la tarifa social.
Para quienes no cuentan con tarifa social (a los que Videla enmarcó en la categoría de “el común de los ciudadanos”) los aumentos ya realizados en febrero fueron del orden de entre el 13,7% y el 20,5%. A raíz de ello, los nuevos aumentos deberían estar en la franja comprendida entre el 18% al 25,5%. Algo que Videla, hablando en nombre del Gobierno, definió como “tarifas que tengan correcciones por debajo de la evolución de los salarios”.
Aumentos por la guerra en Ucrania.
En su informe previo al de los diferentes expositores que participaron de la audiencia, Videla señaló que, debido a los incrementos en los precios internacionales por la guerra en Ucrania, el costo actual del gas se ubica en el equivalente a 5,76 dólares por millón de BTU (Unidad Térmica utilizada en el todo el mundo).
Así, explicó, que en la actualidad “se estima que el Estado cubre el 75,6% del costo del gas natural para abastecer la demanda prioritaria”, o sea que del costo medio en el país de 4,35 dólares por millón de BTU (según informó), el del usuario paga tan solo 1,41 dólar.
Las quejas de los expositores.
La mayoría de las asociaciones empresarias o pertenecientes a la defensa de los usuarios que participaron de la audiencia pública expresó su disconformidad por el escaso tiempo que se permitió a cada expositor, además de la incompleta información acerca de los costos de explotación del gas y ganancias de las empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras, asunto este que se repite con todas las empresas de servicios públicos, renuentes a que le auditen los números del negocio, una de las mayores deficiencias del Estado en su control del servicio prestado.
Otra de las quejas se refirió a la inexplicable dolarización de los precios, algo solo entendible por la posterior fuga de capitales que quedó muy en evidencia en la era Macri. La afirmación se basa en que los costos son en su mayoría en pesos, quedando en dólares solo la porción de repuestos e insumos para mantenimiento que no se fabrican en el país. La explicación de que son commodities no es un argumento válido: recursos naturales argentinos, salarios argentinos, impuestos argentinos… nada explica el pasaje total de los precios dolarizados.
El intendente del partido de Esteban Echeverría, Fernando Gray, solicitó la postergación de los aumentos porque “no es un momento oportuno”, y que la medida “afectaría no sólo a los sectores vulnerables sino también a los de clase media, las pymes y las entidades de bien público”. También reclamó mayores inversiones en infraestructura en su distrito pues, “en pleno siglo XXI no debería haber sectores de la población sin el servicio de gas por red”.
Representando a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Mielnicki planteó que es preciso “ampliar y mejorar el régimen de tarifa social”, además de quejarse porque “los trámites tienen que renovarse cada año”, y bregó por “la anulación de los intereses en los planes de pago” que las empresas habilitan a usuarios deudores.
También hubo quejas de asociaciones que representan a Pymes y comercios, quienes dicen que los aumentos de tarifas dañan profundamente sus actividades, a pesar de que gran parte de ellas apoyan la dirección del gobierno en cuanto a su relación con este tipo de unidades productivas.
Finalmente, el lunes el ministro de Economía, Martín Guzmán, consideró que las actualizaciones tarifarias de acuerdo con una segmentación de ingresos como propone el Gobierno nacional “le hacen bien al país”, y cuestionó el nivel actual de los subsidios energéticos, equivalente a “3 o 4 puntos del Producto”. Declaraciones cuestionadas por el ala kirchnerista del oficialismo, que afirmó que la mayoría de las economías hoy llamadas de primer mundo o desarrolladas, llegaron a ese lugar subsidiando la energía, cosa que muchas de ellas aún siguen haciendo. Según un informe de 2015 del FMI, Argentina ocupaba el puesto 68 sobre 153 países en subsidios al gas. Por ejemplo, mientras Argentina destinaba u$s 277 per cápita a subsidiar el gas, Argentina destinaba u$s 211.- Energía barata y desarrollo van de la mano, y Guzmán lo sabe. Además, desde los aumentos de la gestión Cambiemos (que ninguna empresa explica hacia dónde se fueron, ni tampoco nadie desde el Ejecutivo pide que lo hagan), se sigue insistiendo en que el sacrificio sea de usuarios y del Estado (de los usuarios y los que no lo son también) … nunca de las privatizadas. Sería hora, ¿no?
LOS AUMENTOS DE LOS SERVICIOS EN LA ERA MACRI SE EVAPORARON PARA PASAR A ENGROSAR LA
TERRIBLE FUGA DE CAPITALES QUE FOMENTO UN PRESIDSENTE CON CASI 50 CUENTAS OFFSHORE