Según un nuevo informe del INTA, unos 30.000 hectáreas por día son presa de las llamas en Corrientes. La situación, totalmente fuera de control más allá de los esfuerzos que se realizan, dejan en claro que la prevención es mucho mejor que encomendarse a Dios.
Son 934.238 las hectáreas que ya se han quemado en la provincia de Corrientes, un 11 por ciento del total de su territorio, y la situación no mejora, según detalla el último informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Y calculan en 30.000 las hectáreas que se suman día a día a la catástrofe.
Según los técnicos que elaboraron el informe “… nuevamente la evidencia satelital indica un progresivo incremento de la cobertura vegetal afectada por el fuego en Corrientes”, concluye.
Y continúa: “en valores absolutos, la cobertura vegetal más afectada sigue siendo los esteros y otros bañados pasando de 245 mil a 275 mil hectáreas y los pastizales del nordeste también fueron muy afectados ya que el área quemada se duplicó de 18 mil a 40 mil hectáreas”.
Dentro de este número, la zona de Ituzaingó es la más afectada, con 173.000 hectáreas quemadas. La sigue en cantidad de daños, Santo Tome con 108 mil hectáreas (el 32 por ciento de su superficie).
Lamentablemente, también precisa que las superficies de ambientes de humedales, la superficie carbonizada llega a 533 mil hectáreas.
Hay que tener en cuenta que todo esto sucede a pesar de que en las últimas horas se han registrado lluvias en las zonas más afectadas, razón por lo cual la situación no es aún peor, ya que las precipitaciones extinguieron los focos ígneos en la zona centro este, especialmente en los esteros del Iberá, y en algunas zonas centro del noreste, como Carlos Pellegrini.
Asimismo, el Ministerio de Agricultura formalizó la declaración del estado de emergencia y de desastre agropecuario en toda la provincia, a través de la Resolución 36/2022, ya publicada en el Boletín Oficial, con una vigencia de seis meses, dirigida a “las explotaciones rurales afectadas por sequías y/o incendios”. El período que abarca la emergencia y desastre va del 1 de enero hasta el 1 de julio de 2022, pudiéndose eventualmente prorrogarse por otros seis meses.
A diferencia de las resoluciones habituales, en las que se especifican los departamentos y distritos alcanzados por el beneficio, la norma indica que la declaración de emergencia o desastre abarca a “todo el territorio provincial”.
Para que la explotación agropecuaria puede ser declarada en emergencia o en desastre, de acuerdo con el nivel de afectación de su capacidad productiva, se deberá presentar “certificado extendido por la autoridad competente de la provincia”, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos dentro de los casos previstos en la norma.
La prórroga de la declaración hasta fin de año dependerá “de las condiciones climáticas que se manifiesten en los siguientes meses, por la situación de sequía e incendios en todo territorio provincial, para la totalidad de las explotaciones productivas, debido al prolongado evento critico climático de sequía que atraviesa la provincia”.
La medida establece “plazos especiales (prórroga de hasta nueve meses) para el cumplimiento de ciertas obligaciones fiscales, así como suspender las intimaciones, la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares”. Los tributos alcanzados son los anticipos de los impuestos a las Ganancias, sobre los Bienes Personales, al Valor Agregado, del fondo para la educación y promoción cooperativa, así como para las obligaciones correspondientes a las contribuciones de la seguridad social, al régimen previsional de trabajadores autónomos y al monotributo. Y las intimaciones, inicios de juicios de ejecución fiscal y la traba de embargos sesuspenderán hasta el 31 de diciembre de 2022. Además, la AFIP no iniciará el proceso de caducidad por falta de cancelación de cuotas de los planes de pago realizados por contribuyentes afectados hasta el 31 de diciembre de 2022, hasta entonces dispondrá feria fiscal extraordinaria y procederá a la refinanciación de aquellos planes de facilidades de pago que se encuentren vigentes.