A pesar de las previsiones el empleo se deteriora con el paso de los días.

Hasta este mes de mayo, el empleo en la Argentina se sostiene pese a la complicada situación del país que atraviesa una recesión acompañada de la pandemia de Coronavirus. A las medidas sanitarias adecuadas tomadas por el Gobierno Nacional (y acompañadas por toda la dirigencia política, sin distinción de colores partidarios), el Ejecutivo impulsó una batería de medidas para que esto sea una realidad. No existe aún un panorama de despidos masivos como si sucede en muchas partes del mundo.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un reciente informe, calculó que unos 1.500 millones de personas, o sea casi la mitad de la fuerza laboral formal del planeta, están en riesgo de perder sus trabajos debido a la crisis sanitaria y posterior crisis económica provocada por la pandemia. Tan solo en el segundo trimestre de 2020, espera que 305 millones de personas se queden sin empleo. De ahí que es encomiable que Argentina, aún en medio de la crisis, sin crédito externo ni ayuda alguna, pueda sostener el empleo formal, haciéndose “socio” en las pérdidas de las empresas para sostener a los trabajadores en su lugar.

Esto no quiere decir que todo es color de rosa. El mayor desafío se juega a dos bandas: por un lado por la reducción de salarios en muchas empresas, por el otro, por la desprotección del empleo informal, a cuyos trabajadores solo puede ayudar mediante la asistencia social.

La problemática más extendida es la reducción de salarios. El efecto sobre la economía popular.

Cronología.

El comienzo de las políticas de protección laboral que llevó a cabo el gobierno de Aníbal Fernández se dio con el decreto que, a partir del 1 de abril, prohibió los despidos por 60 días, y que es un hecho que va a ser renovado hasta el fin de la pandemia y más allá. Este, se complementa con transferencias que sirvieron para hacer más llevadera la cuarentena dispuesta: el gobierno anunció el pago del 50 por ciento de los salarios de los trabajadores de las compañías que demuestren una sensible caída de las ventas, asimismo, aprobó créditos para el pago de sueldos por unos $150 mil millones (serían alrededor de cinco millones de trabajadores) y también habilitó créditos a tasa cero para los monotributistas y autónomos.

A pesar de ciertas fallas de implementación en el comienzo de estas normas, los sistemas para hacerlas realidad se han ido aceitando. Adicionalmente, se otorgaron (y la mayoría ya cobró) casi 8 millones de Ingresos Familiares de Emergencia (IFE), tanto para los trabajadores informales como para los autónomos, y fueron aprobados unos 130.000 seguros de desempleo. Esto fue reafirmado por un trabajo de CEPA, cuyo titular, Hernán Letcher, afirmó que “…si a esto se le suma el empleo público, se ve una cobertura muy extendida, de casi todo el universo de la población económicamente activa”.

Lograda la contención de los despidos (consensuada con las patronales), el efecto negativo más común en el mundo laboral es la reducción de los salarios, en muchos casos provocada por el parate que sufren las PYMES, pero en otros, productos del egoísmo y avidez desmedida de muchas empresas de gran dimensión que habían sido ganadoras de la etapa macrista. Se calcula que, hasta fines del mes de marzo, había cerca de diez mil trabajadores con problemas en sus sueldos, que en su mayoría solo se trataba de atrasos en los pagos. Pero tan solo quince días después la cifra se multiplicó hasta los casi 290 mil casos detectados al 15 de abril. A su vez, esto retroalimenta la recesión, ya que a menos salario menos dinero se gasta en la economía popular.

En palabras de Lercher, “Conseguir que con la pandemia no haya cambios irreversibles en el mercado de trabajo es un objetivo zarpado. La Argentina tiene como particularidad, además, un alto nivel de trabajo informal. Creo que hay que poner en claro cuánto está interviniendo el estado nacional para sostener al mundo de trabajo, esto es algo que tenemos que decir, hacer visible. Porque si bien frente a la pandemia todo el mundo entendió que se deben implementar políticas de protección del empleo, en Argentina están teniendo un despliegue particularmente fuerte (…) El estado está actuando como socio en la ayuda a las empresas. Esto algo que no debería pasar desapercibido”.

Pero el empleo formal o registrado es solo la punta del iceberg de la problemática laboral de nuestro país. En una economía en la que muchos apuestan que ya hay un 50 por ciento de empleo informal (era del 33 por ciento cuando Cristina Kirchner dejó la Casa Rosada, allá por el “lejano” 2015) es mucho el trabajo por hacer por los que están fuera del radar. Incluso la cifra de 8 millones de beneficiarios del IFE “sorprendió” al gobierno, que pensaba que sería mucho menor. En la Argentina actual, el ejecutivo no tiene lo que se dice bolsillo de payaso, más teniendo en cuenta los desastrosos cuatro años de Macri, que duplicó la desocupación, regaló dos años de recesión, flexibilizó todo lo que pudo, pulverizó los salarios y jubilaciones, achicó hasta lo impensable el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES (hoy es un 25 por ciento de lo que era en 2015)… todo acompañado por una fiesta de deuda, bonos y timba, que nos dejó como regalo a nosotros una deuda impagable, y provocó la “fuga” entre amigos de 86.000 millones de dólares (unos 11.000 bolsos de Julio López).

A pesar de ello, Fernández buscó la protección de las empresas unipersonales o familiares, o los trabajadores con conflictos que no tienen una respuesta sindical o cobertura periodística, o de los desocupados o subocupados. Para eso estuvo la IFE, la AUH y otros planes sociales. La cosa se trata de que a pesar de la cuarentena y de la pandemia que la provocó, nadie quede desprotegido. Desde la salud, el sostén económico, o la creación de regulaciones, fijación de precios y tarifas, reformas impositivas o controles de índole diversa.

Por ello también, se impulsaron créditos a tasa 0 (sí, cero) para monotributistas o de créditos bancarios al 24 por ciento para las empresas. Todo acompañado por diferimiento de impuestos, moratorias impositivas y toda una batería de medidas para ayudar a zanjar la crisis.

A pesar de este esfuerzo, desde que comenzó la pandemia, se registraron unos 5.400 despidos y más de 7.200 suspensiones. Cabe señalar que el 60 por ciento de dichos despidos fueron llevados a cabo por tan solo cuatro empresas. Entre estas, Techint (1524 trabajadores), Mirgor (la empresa de Nicolás Caputo, que echó a 700 trabajadores), y Publi Express (editora de la revista Pronto, con más de 80 trabajadores).

También es de destacar que más de 230.000 trabajadores redujeron sus ingresos por recortes en sus salarios acordadas entre las patronales y los gremios, mientras que otros 50.000 lo sufrieron por bajas unilaterales de las patronales. A eso habría que agregarles otros 5.000 con problemas de cobro por atrasos en el pago de sueldos.  O sea que hay unos 285.000 trabajadores con salarios reducidos, tan solo en el empleo formal. Se estima que la proporción se multiplique en el ámbito del trabajo informal, donde existe una mayor desprotección.

El fin de la pandemia puede ser un problema ante el avance de las críticas de la derecha que ya todos conocemos en cuanto a la economía, sin hacerse cargo en absoluto de que esta situación fue generada por ellos más allá de la pandemia. Y para esta tarea apelaran, como suelen hacer, a la falacia mediática, pero, fundamentalmente a los prejuicios y la falta de memoria -otra vez, y van- de nuestra sociedad. El objetivo es el de siempre: que sigamos siendo un país desigual que les permita mantener el poder y el dinero en pocas manos. Nosotros decidimos…