El juez Gallardo intimó al Gobierno porteño a que dé explicaciones wn un plazo de 48 horas, por el supuesto mal uso de datos biométricos de más de 7.500.000 personas. En las últimas horas, la cifra creció y se llegó a hablar de 9 millones de ciudadanos.
El juez de primera instancia Roberto Gallardo, titular del Juzgado N°2 en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, intimó al ministro de Seguridad y Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, con la finalidad de que brinde explicaciones acerca de cómo se usaron los datos biométricos requeridos de cerca de siete millones y medio de ciudadanos.
En su resolución, Gallardo solicita que el ministro “explique pormenorizadamente con un informe de trazabilidad respecto a las personas enunciadas -en los días y horarios expuestos-, cuál fue la causa originante de la extracción y el uso que se le ha dado al dato biométrico requerido al ReNaPer por el Ministerio a su cargo”.
Vale recordar que el Gobierno de Larreta ordenó la búsqueda de datos biométricos de 7,5 millones de personas de forma ilegal. Entre los que se encuentran Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Patricia Bullrich, Estela de Carlotto, Alejandro Bercovich y los diputados Nicolás del Caño y Myriam Bregman, entre otros.
En cuanto a la Legislatura, la legisladora porteña del PTS Frente de Izquierda, Alejandrina Barry, presentó un pedido de interpelación a D’Alessandro, en el que solicita que ante “… la gravedad de los hechos, consideramos que el ministro tiene que presentarse inmediatamente en la Legislatura a dar explicaciones. Son hechos graves, se trata de métodos ilegales de persecución a dirigentes políticos, sociales, sindicales y periodistas”, además de informar que “cuando en octubre de 2020 se aprobó la regulación de este sistema, nos opusimos tajantemente denunciando que violaba la privacidad y en todo el mundo había sido utilizado en forma discriminatoria para la persecución política y la criminalización de la protesta social. Nuestras denuncias estaban basadas en lo elaborado en común con organismos de derechos humanos que presentaron cartas en la Legislatura, para que ese proyecto no sea votado, en base a los estudios realizados durante años en distintos países”.
Luego de varios días de descubrirse la utilización de los datos con fines de espionaje, la investigación judicial encsarada por el juez Gallardo, continuará en una dependencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), ubicada en Ezeiza, donde se extraerán los datos de los servidores secuestrados en el Centro de Monitoreo Urbano y en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. Por esto, el titular de esa cartera, Marcelo, amenazó con denunciar al magistrado “porque se ha excedido en el objeto” (sic), pero la realidad es que tan solo busca detener una pesquisa que amenaza a terminar en otro escándalo de espionaje de los tantos a que, ya a esta altura, los muchachos de Cambiemos nos tienen acostumbrados y que configuran una buena parte del ADN de los miembros del PRO y sus socios radicales, lilitos y pseudo socialistas. Además, D’Alessandro deberá responder el mismo lunes a la intimación de Gallardo explicando con qué objetivo se extrajeron y qué uso se les dio a los datos migrados desde el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) hacia su ministerio, de un listado de 62 personas sobre las que se usaron sus datos biométricos, y que incluyen al presidente Alberto Fernández (76 veces); la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (como era de esperar, líder indiscutida de los espiados, con 225 solicitudes); su hijo Máximo Kirchner y el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández (12 veces) la Fiscal Gabriela Fernanda Boquín (quién investiga en la Causa del Curreo a Mauricio Macri y famiglia, con 4 pedidos), a la díscola titular de la CC, Elisa Carrió y hasta la presidenta del PRO (y enemiga número uno en la interna) Patricia Bullrich (18 veces). De igual manera, pidieron datos de opositores, tanto de derecha, como José Luis Espert (8 veces) y Javier Milei (32 veces), como por izquierda, en el caso de Myriam Bregman (3 veces).
A la fiscal Boquín, si de personas relacionadas al Poder Judicial nos referimos, se suman el ex Juez de la Corte y hasta enero del corriente año Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni; la ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó; y el actual miembro de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz. También fueron de la partida, miembros de organismos de derechos humanos, como la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y la de las Abuelas, Estela Carlotto. Hoy enemigos de moda, están en las listas dirigentes sociales como Eduardo Belliboni y Juan Grabois.
También hay empresarios como Alejandro Bulgheroni; periodistas, entre los que figuran oficialistas como Joaquín Morales Solá y Eduardo Feinmann; u opositores, como Gustavo Sylvestre y Alejandro Bercovich.
La cuestión de todo esto es que el sistema de monitoreo del ministerio de Seguridad porteño está habilitado a solicitar datos biométricos provenientes del Registro Nacional de las Personas (Renaper), siempre que se trate de alguna de las 40.000 personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC). Pero según las últimas informaciones, entre abril de 2019 y marzo de 2022, las consultas realizadas desde la cartera de Seguridad porteña fueron 9 millones, una cifra sobre la que bajo ningún punto de vista es posible entender que se consulte en los términos que la ley dispone con la población de individuos requeridos por la Justicia o en situación de rebeldía existentes.
Por todo esto, la causa que lleva adelante Gallardo, busca determinar si el gobierno de Larreta utilizó esta tecnología destinada a la búsqueda de personas solicitadas por la Justicia para hacer trabajos de vigilancia masiva e inteligencia, hecho que se desencadenó por una acción de amparo presentada en 2020 por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) a la que el juez hizo lugar, avanzando con los allanamientos descriptos para secuestrar información en dependencias del Ejecutivo porteño en busca de la verdad sobre el objeto de la causa.
D’Alessandro, luego de continuar desacreditando al juez, al que acusó de hacer “una gran ensalada como si hubiera hecho una gran investigación”, aún en caliente, admitió que era habitual hacer un uso generalizado (o sea indiscriminado) de los datos biométricos, algo que según la ley que los regula, vulnera seriamente el derecho a la intimidad de los ciudadanos mal investigados, no tan solo las sesenta y dos personalidades a las que se refirió Gallardo con su pedido, sino todos aquellos que no se encuentran en el listado de la CoNaRC. El ministro, curiosamente comenzó a tratar de justificar lo injustificable, dando ejemplos ridículos: “En un control de tránsito, cuando hacés una denuncia, si pedís certificado de domicilio o con el certificado de circulación del covid”, añadiendo que “en todos esos casos se hace una consulta al ReNaPer”, pudiendo decir en cada caso “… la IP y la persona que hizo cada consulta”, afirmó. El problema es que hay datos de personas como Cristina Kirchner, que tienen cientos de pedidos y nadie pensaría que atienden a mudanzas, denuncias realizadas o incluso cuestiones referidas al COVID, teniendo en cuenta que hay pedidos de información de su persona anteriores a la pandemia.
El listado de personas públicas sobre las que deberá responder D’Alessandro incluye también a empresarios, funcionarios del Poder Judicial, dirigentes gremiales, políticos, periodistas y legisladores.
Ahora solo hay que esperar a la Oficina de Análisis Forense de la PSA, que será la responsable de extraer los datos de los servidores del gobierno de la Ciudad secuestrados en los allanamientos. El Centro de Análisis, Comando y Control (CEAC) de esa fuerza le informó al juez Gallardo que la medida se realizará en el Instituto de Formación Ezeiza (IFE) y precisó que “esta instancia sólo realiza extracciones y categorizaciones de datos extraídos, quedando excluido análisis de datos, transcripciones, y demás tareas ajenas a la misión y función de esta oficina”. Y que “una vez realizadas las tareas, las mismas se eliminan de los servidores y/o soporte temporal que fuera guardado en esta policía, dejando constancia que, ante posible nuevo requerimiento, puede reproducirse”. El peritaje estará a cargo del oficial jefe Pablo Kaplan “y/o perito de turno”, le comunicó la PSA al juez.
Una historia que promete continuar cuando el hilo de la madeja del espionaje macrista comience a desenrollarse.