El fiscal general ante la Cámara Federal, José Luis Agüero Iturbe, solicitó la reapertura de la causa por supuestas irregularidades en la licitación pública internacional para la construcción del Paseo del Bajo, la cual había sido cerrada por el juez Claudio Bonadio en diciembre pasado.
Agüero Iturbe sostuvo, a raíz de su presentación, las apelaciones que habían sido presentadas por la fiscal Alejandra Mangano y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, durante el mes de febrero, luego de la feria judicial y contra el fallo con el que el juez Bonadio (poco tiempo antes de su deceso), había dictado los sobreseimientos tanto del jefe del ejecutivo porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como del muy cuestionado ex ministro de Transporte del entonces gobierno nacional, Guillermo Dietrich. También habían sido sobreseídos Franco Moccia (ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad) y a dos altos funcionarios de AUSA (la empresa de la Ciudad que estuvo a cargo de la licitación), Carlos María Frugoni (presidente) y Natalia Bustos (jefa de compras). Todos estaban acusados de supuesta administración fraudulenta.
En la presentación del escrito que apela el fallo de la cuestionada obra (denunciada por Urbanave en Junio de 2019 en su número 61 en la nota “¿Paseo del Bajo o del sobre por debajo?”) el fiscal destaca la sospecha de irregularidades en la licitación internacional sobre una de las principales beneficiadas, la empresa IECSA, entonces en manos de Ángel Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri, a quien muchos sindican como el verdadero dueño de la compañía, dejando a Calcaterra como un simple testaferro. Incluso luego del traspaso de la empresa a Marcelo Mindlín, el fiscal Franco Picardi denunció que Ángelo Calcaterra mintió y nunca se desligó de IECSA a pesar de que informó que la vendió. Picardi afirmó que siguió vinculado a través de una offshore en Delaware (EE.UU), compartida con Mindlin. A raíz de ello, Picardi había solicitado que lo embargaran por $ 1.000 millones.
El escrito de la apelación del insólito fallo de Bonadio (quien ni siquiera indagó a los acusados y desestimó directamente la denuncia), dictado el 27 de diciembre, justo antes de la feria judicial y sus vacaciones, la fiscal Mangano había indicado que “… la principal firma beneficiada con el irregular proceder en la licitación materializada para la obra aquí investigada no es otra que IECSA S.A.”, recordando que también es parte de la investigación de la causa “cuadernos” y otra por posibles sobornos por parte del Grupo Odebrecht a raíz de la adjudicación de las obras del ferrocarril Sarmiento.
Además de remarcar lo prematuro del sobreseimiento por no “haberse agotado las diligencias probatorias que debieron ineludiblemente adoptarse para estar en condiciones de dictar un temperamento liberatorio”, la fiscal aludió a “… la existencia de indicadores de direccionamiento (de las licitaciones)”, lo que hizo posible “… abrir nuevas líneas para profundizar la pesquisa, en lo que respecta a las diferentes aristas de la maniobra”.
A raíz de estos hechos solicitó la citación de “nuevos testigos”, además de la antes denegada indagatoria de “participantes del proceso licitatorio”, todo como manera de “… corroborar o descartar información emanada de la documentación” del caso en cuestión.
Ahora, la pelota está de nuevo en manos de la Cámara Porteña.
Por CARLOS CRUZ para Urbanave