Pese a la férrea oposición de los vecinos del barrio y contrariando la Constitución de la Ciudad, la bancada oficialista con su mayoría automática, aprobó la venta de los terrenos públicos y se aprestaba a sancionar la rezonificación del área para cerrar el negocio. Ahora el asunto esta en stand by.
La Nación solicitó una segunda cautelar para detener el proyecto de construir dos torres de 45 metros en Villa Crespo, al lado del polémico Movistar Arena. La primera había sido días atrás por los terrenos conocidos como Triángulo de Salguero. En ambos casos, tuvo intervención la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). En la cautelar presentada en este caso, pide que “se ordene al Gobierno porteño no alterar la situación de hecho o de derecho de los terrenos” del sector denominado “Estación Villa Crespo”, situado en la línea del ferrocarril San Martín, a la altura de la intersección con la avenida Corrientes, entre avenida Dorrego y Humboldt.
Un día después de esta presentación se iba a tratar la rezonificación de ambos proyectos para su posterior venta, a través de la Legislatura, pero curiosamente el oficialismo suspendió la sesión aduciendo que había pocos temas a tratar. Desde la oposición, diputados del Frente de Todos y del Frente de Izquierda, aseveraron que, en realidad, se frenó la movida por las dificultades que presentaba “defender” ambos proyectos en medio de la profunda crisis habitacional y sanitaria expuesta por la pandemia de corona-virus que azota la Ciudad.
“No pueden hacerla para tratar estos temas, es un escándalo. Sí tendría que hacerse una para discutir los temas de la pandemia y no la quieren convocar”, contó el diputado Gabriel Solano (PO-FIT). Finalmente, la sesión pasó al jueves 28, pero se duda que la justicia no haga lugar al reclamo de Nación.
Las tierras pertenecían al Estado Nacional y fueron transferidas a la Ciudad en los últimos días de la gestión de Mauricio Macri, con lo que no se respeta la regla del fin de mandato, que prohibe la posibilidad de una donación o venta de activos fijos durante los últimos seis meses del período presidencial.
La medida presentada por el titular de la AABE, Javier Cippitelli, ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo, y allí se solicita habilitar la feria judicial para que “se dicte de manera urgente una medida de no innovar, a los fines de que se ordene al Gobierno Porteño no alterar la situación del sector”, lugar donde se impulsa la urbanización especial, cerca de la Estación Villa Crespo.
El proyecto incita a la construcción de torres de 45 metros de altura que, según denuncian los vecinos y las organizaciones sociales de la Comuna 15, que se oponen desde el comienzo del proyecto, solo servirían para ampliar el polo comercial del estadio Movistar Arena, que tiene permiso de uso precario sobre uno de los predios.
Además, alteraría la arquitectura y la vida de un barrio donde proliferan las edificaciones de baja altura, en su mayoría residenciales.
El escrito presentado por Cippitelli, afirma que “la medida para que no se altere la situación de hecho o de derecho, debe durar al menos hasta que finalice el proceso de investigación…” fijado por el Decreto 149/2020, el cual fue firmado en febrero pasado por el presidente Alberto Fernández, y en dónde se ordena a la AABE a revisar “la legalidad de los procesos que derivaron en la disposición, cesión, enajenación, transferencia, desafectación, asignación en uso o dación en pago, de inmuebles del Estado Nacional” a la Ciudad de Buenos Aires desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 10 de diciembre de 2019″.
Se cree además que del resultado de dicha investigación, cuyo plazo inicial de 60 días se amplió debido a la pandemia de coronavirus, podrían surgir ilícitos o irregularidades que podrían implicar la nulidad de estos traspasos. En esta línea de interpretación, el texto señala que “…no es casual que mientras el Estado Nacional se encuentra en revisión de las diversas transferencias de inmuebles efectuadas por la anterior Gestión al GCBA…, este último intente y aproveche la situación actual para comenzar a efectuar todos los trámites administrativos necesarios para lograr la venta del inmueble y de esta manera perjudicar los derechos del Estado Nacional Argentino, en otras palabras, la de todos los argentinos”.
Para empeorar aún más el dramático panorama que genera este proyecto impulsado entre gallos y medianoche, como suele hacer el oficialismo, se perdería el estudio de la FM 94.1, perteneciente a la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, espacio que desde 2001 lleva adelante múltiples acciones por la comunidad, como ollas populares, un merendero, talleres, un centro cultural, la cooperativa de consumo La Yumba y la radio (cuyo estudio fue creado bajo un convenio de comodato firmado con la AABE por el cual les cedían este espacio). Si se aprueba la venta y rezonificación la radio queda a un paso del desalojo, a pesar de ser declarada de interés por la Cámara de Diputados y la Comuna 15, e siendo integrante de la red FARCO (Foro Argentino de Radios Comunitarias).
Los ganadores de todo este negociado son los socios del Movistar Arena, o sea el Grupo La Nación y la multinacional ASM.
El Movistar Arena es el estadio cubierto más grande de la ciudad de Buenos Aires, con capacidad para 15.000 personas. Fue construido de la misma extraña forma en un predio público, que había sido cedido en comodato gratuito al Club Atlanta, el cual debe devolver-lo a la Ciudad en ¡2057!.
Atlanta, a su vez, (o más bien como se había pactado) concedió la explotación del miniestadio a Buenos Aires Arena S.A., compuesta como explicamos por el Grupo La Nación y la empresa ASM Global, que organiza conciertos y gestiona más de 300 estadios en el mundo entero.
Falta la frutilla del postre… esperemos que la cautelar y la futura investigación le agríen la crema.
Por JULIO ALBORNOZ para Urbanave