La Corte les dio un mes de plazo a Nación y Ciudad para acordar por fondos de coparticipación
Si para el 9 de abril no llegan a un acuerdo, el máximo tribunal anticipó que deberá resolver el diferendo con los elementos que han ido aportando las partes, aunque sin fecha estipulada.
La Corte Suprema estableció ayer un plazo de 30 días para que el Gobierno Nacional y la administración de la Ciudad de Buenos Aires lleguen a un acuerdo sobre el diferendo por los fondos de coparticipación transferidos para el mantenimiento de la policía durante la gestión de Mauricio Macri. Además, fijó una nueva audiencia luego de que las partes, representadas por el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mantuvieron una reunión convocada para acercar posiciones y arribar a un acuerdo, cosa que no pudo plasmarse en esta convocatoria. La Corte también dispuso que ambas partes deben elevar informes semanales sobre la marcha de las conversaciones al secretario de Juicios Originarios, Alejandro Rodríguez.
El encuentro se celebró ayer en el Salón Bermejo del Palacio de Tribunales y se extendió por casi tres horas entre las exposiciones de las partes y las numerosas preguntas de los cuatro ministros de la Corte.
La Nación insistió con su argumento de que la transferencia de recursos para la policía que hizo en su momento Macri fue casi el doble de lo necesario, en detrimento de los fondos del resto de los distritos, según dijeron fuentes judiciales. Por su parte, la Ciudad insiste en que el recorte implicó una quita de 120 mil millones de pesos, pero sin explicar la cuestión de fondo acerca si le correspondían cuando hasta sus funcionarios habían expresado que era un asunto que debían resolver (en plena etapa macrista), admitiendo en ese momento que la cuenta estaba sobredimensionada.
La cuestión es que, si para el 9 de abril Ciudad y Nación no llegan a un acuerdo, la Corte anticipó que deberá resolver el diferendo con los elementos que han ido aportando las partes, aunque sin plazo, como ocurre con todos los expedientes que llegan a la máxima instancia.
Tras la audiencia, De Pedro afirmó que fue a “reafirmar la postura del Gobierno nacional” ya que “…hay una ley sancionada en el Congreso por una importante mayoría que resuelve de una manera muy justa el financiamiento, y perfecciona el traspaso de la función de seguridad a la Ciudad de Buenos Aires”. Además, concluyó que “por supuesto que en el marco de esta controversia, entran en discusión cuestiones como el federalismo y el sistema de coparticipación”.
El expresidente Macri elevó la coparticipación de la Ciudad de 1,4 a 3,75% en el marco del llamado “Consenso Fiscal” que convocó su gestión, pero en 2020 el presidente Fernández consideró inconstitucional el aumento y retrotrajo la participación porteña a su porcentaje original. Contra esa medida, Rodríguez Larreta acudió a la Corte y estableció para compensar la pérdida (a pesar de plantarse en contra de los aumentos impositivos cuándo los fija el ejecutivo nacional), un gravamen de 1,2% sobre las transacciones con tarjetas de crédito.
El tema promete más capítulos…