Con el objetivo de cumplir con el FMI, la Oficina de Presupuesto del Congreso afirmó que se efectuaron recortes en gastos de capital en casi todas las áreas y rubros, incluso afectando al Plan Procrear.
De acuerdo con los números de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), durante 2022 las menores transferencias de capital a fondos fiduciarios, empresas públicas y provincias concluyeron en una caída de la inversión ejecutada por el Estado del 38,3 por ciento en términos reales; asimismo, la OPC había alertado que los gastos de capital fueron decisivos para comprender la disminución del gasto real de la administración pública nacional en 7,4 por ciento en el año (y 19,5 por ciento en el último semestre).
También, durante 2022 la Inversión Pública gestionada por la administración nacional (APN) se incrementó en 1.178.200 millones de pesos (1,178 billones), los cuales se distribuyeron en gastos de transferencia de capital por 790.657 millones e inversión real directa (lo que generalmente se le denomina obra pública) por 387.542 millones. Las inversiones públicas efectuadas en transporte, vivienda y urbanismo, así como el agua potable, adquieren el grueso de los fondos; los mismos son tramitados por el ministerio de Obras Públicas, de Gabriel Katopodis, y de Desarrollo Social y Hábitat, el cual actualmente está a cargo de Victoria Tolosa Paz (Juan Zabaleta fue el ministro hasta octubre de 2022).
Asimismo, las transferencias de capital buscan subvencionar diferentes gestiones, así como adquirir equipos para entidades de la APN; durante 2022, estas transacciones se replegaron principalmente debido a los menores giros a fondos fiduciarios, los cuales se desplomaron un 55,8 por ciento en términos reales; estos fueron impulsados en su mayoría gracias al recorte efectuado en el programa Procrear. En resumen, se realizó una inversión de 254.372 millones de pesos vía fondos fiduciarios. Por otra parte, las transferencias designadas a entidades comerciales públicas cayeron en 49,6 por ciento, y alcanzaron 227.862 millones de pesos; este ajuste se gestionó principalmente en AySA.
En referencia a los fondos fiduciarios, el Procrear se vio afectado en un recorte del gasto en 244.918 millones de pesos, y el total de los fiduciarios (donde están contempladas diversas gestiones hídricas y de vivienda social) en 321.248 millones. Entre las empresas públicas, el presupuesto de AySA se desplomó en 118.032 millones de pesos; el de Enarsa cayó en 55.000 millones, y finalmente, el recorte presupuestario en infraestructura en trenes argentinos fue de 14.000 millones. Por otra parte, el recorte de los giros a la provincia de Buenos Aires alcanzó un total de 50.000 millones, y la suma para todas las provincias y municipios sufrió una caída de 123.590 millones.
Durante 2022, la inversión real directa sufrió una retracción del 9,9 por ciento en términos reales, en tanto se perjudicó su concepto primordial: las iniciativas de construcción y mantenimiento de autopistas, autovías y rutas, es decir, el presupuesto destinado a obras de carácter público.
En resumen, en 2022 la inversión pública representó el 1,4 por ciento del PBI; esto significa un ratio menor al 2,4 por ciento de 2021. Durante ese año, las transacciones a fondos fiduciarios y a entidades públicas que se realizaron durante el último bimestre registraron un máximo para el período. De todas formas, según resaltó la OPC, la gestión de inversión pública conservó niveles superiores al trienio 2018-2020, el cual oscilaba en 1,2 por ciento, y con un mínimo en el último año a causa del Covid-19.
Finalmente, el ratio de ejecución del gasto en inversión representó un 86,7 por ciento en 2022. El grueso del financiamiento de este tipo de gasto tiene su origen en fuentes internas, y el 15 por ciento restante proviene de fondos externos como los préstamos del BID, el BIRF y la CAF.